Son imágenes que recorrieron el mundo. El 6 de junio de 2024 se produjeron explosiones en la represa de Nova Kajovka, en el sureste de Ucrania. Las masas de agua arrasaron a toda velocidad el territorio circundante en un radio de varios kilómetros, arrasaron localidades completas. Decenas de miles de personas se vieron afectadas. El número exacto de muertos no ha sido confirmado todavía.
Alrededor de 600 toneladas de crudo escaparon de las instalaciones industriales dañadas. También sustancias químicas de fábricas destruidas contaminan gravemente el agua, los suelos, los ecosistemas y las superficies agrícolas, según expertos de Naciones Unidas. No es solo una catástrofe humana, sino también ecológica.
Ahora, la voladura de la presa de Nova Kajovka podría ser objeto de un juicio posiblemente histórico contra Rusia. Las autoridades ucranianas están recolectando pruebas para llevar a Rusia a juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer un crimen de guerra. Se trata también de la destrucción del medioambiente debido a actos de guerra. Ucrania culpa a Rusia de haber causado la explosión, pero Rusia lo niega.
“El medioambiente no debe seguir siendo una víctima silenciosa de la guerra”, dijo el ministro ucraniano de Protección al Medioambiente y Recursos Naturales, Ruslan Strilets, en entrevista con DW. “La humanidad debe comprender que la guerra sale cara. Cada Estado debe entender que la guerra sale cara. La destrucción del medioambiente es cara”.
¿Qué quiere Ucrania?
La explosión de la presa y las inundaciones son solo algunos de muchos delitos ecológicos investigados por Ucrania, que podrían ser parte de la acusación contra Rusia. Las autoridades ucranianas cifran los daños del suelo, los bosques, el aire y el agua, hasta el momento, en más de 57.000 millones de euros. Hasta finales de 2023, fueron destruidas cerca de 500 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, y al menos un 20 por ciento de las reservas naturales protegidas están amenazadas. El fiscal general de Ucrania, Andrij Kostin, espera tener listo el marco para una demanda a finales de 2024.
“En muchas zonas, el alcance de la contaminación y los daños apenas se puede estimar, ya que la recopilación de datos es extremadamente difícil”, dice Oleksii Vasyliuk, director de la organización ecologista Nature Conservation Group.
Hasta ahora, análisis de pruebas del suelo tomadas por la oenegé Ecoaction revelaron que todo el suelo de la disputada región del Donbás está contaminada con metales pesados altamente tóxicos. En algunos casos, los valores del mercurio, el vanadio y el cadmio superan cien veces el nivel habitual. Los metales pesados son extremadamente tóxicos en altas concentraciones porque se acumulan en el cuerpo y a menudo no pueden descomponerse.
El ministro de Medioambiente ucraniano, Strilets, subraya que Rusia debería ser juzgada por ello. Además, quieren sentar un precedente y desarrollar procedimientos adecuados de aplicación de la ley internacional para que la guerra a expensas del medio ambiente no quede impune en el futuro.
Sin embargo, se trata de un procedimiento que llevaría muchos años si fuera aceptado por la CPI, cree Aaron Dumont, que investiga temas medioambientales del derecho internacional en la Universidad del Ruhr, en Bochum, en el oste de Alemania. Un punto central para Ucrania también será el derecho a recibir pagos de reparación por parte de Rusia.
¿Cuándo son los daños al medioambiente un crimen de guerra?
Las Naciones Unidas definen la destrucción del medioambiente como crimen de guerra sólo si es desproporcionada con respecto a la ventaja militar del perpetrador y también produce daños graves, generalizados y de largo plazo para la población.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció en febrero que los crímenes contra el medioambiente serían procesados y enfocados más de cerca en el futuro. Hasta la fecha, ningún país o persona ha sido condenado por crímenes de guerra por destrucción del medioambiente. Esto también se debe a la vaga definición de esos crímenes en el derecho internacional, afirma Aaron Dumont.
“Hay que demostrar que dentro de 10 años seguirá habiendo una destrucción ambiental mensurable como resultado de este bombardeo o de esta forma particular de guerra”, explica Dumont. En el pasado era muy difícil demostrarlo, indica. Como ejemplo, nombra la Guerra del Golfo entre Kuwait e Irak, cuando tropas iraquíes incendiaron, al retirarse, más de 700 campos de petróleo kuwaitíes, provocando una catástrofe ecológica en toda la región.
Cualquier persona diría que eso es un crimen de guerra sobre el medioambiente, dice Dumont. “Pero en ese momento, en los años 90, era muy difícil que los geólogos comprobaran que las consecuencias de esos incendios podían medirse diez años después. Simplemente no era metódicamente posible”, señala. Pero, actualmente, gracias a imágenes satelitales y a métodos científicos que se han seguido desarrollando, las perspectivas de éxito de una demanda contra Rusia podrían ser prometedoras en algunos casos, prevé Dumont.
Entre esos casos, está también el de la voladura de la presa de Nova Kajovka. Si se llegara a una condena, “sería realmente un gran avance, un momento innovador en el derecho ambiental”, considera Dumont. Sin embargo, no está claro qué efecto tendría. Rusia no es parte del Estatuto de Roma, el tratado base de la CPI, y no reconoce los fallos de esa corte internacional.
Sin embargo, aclara el experto, “para los afectados es muy importante que esos crímenes sean reconocidos como tales. Es el caso, por ejemplo, de los agricultores u otras personas en la región que dependen de la naturaleza. Ellos quieren que sus reclamos sean parte de estos procedimientos”.
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