México extraditó este jueves al expresidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé (2015-2016), detenido en 2018 en territorio mexicano por su vinculación a una trama de corrupción con empleos ficticios, informó el Ministerio del Interior guatemalteco.
Según la Fiscalía, Rabbé autorizó nombramientos irregulares de al menos 164 funcionarios del Parlamento, entre ellos algunos que no cumplían con los requisitos para el cargo y otros que sólo cobraban salarios cada mes sin ir a trabajar. Por ello, la entidad indicó en la red social X (antes Twitter) que el exdiputado es señalado de los delitos de “abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción”.
“Exdiputado Luis Rabbé es extraditado a Guatemala”, señaló el Ministerio en un comunicado, en el que detalló que la operación fue coordinada por las secciones de Interpol de ambos países.
Al llegar a los tribunales en la capital de Guatemala, el político arremetió contra Interpol y las autoridades locales por su extradición, al afirmar a periodistas que una corte mexicana le había concedido la “categoría refugiado político”.
“¿Por qué estoy aquí a pesar de ser un refugiado político? Pregúntenselo a la INTERPOL”, pues “no se puede devolver a un refugiado político a su país”, afirmó el exdiputado derechista y candidato presidencial en 2007. Sostuvo que la anterior fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana (2014-2018), afirmaba que existían unas “30.000 plazas fantasmas en el Estado, ¿por qué razón no averiguó todas las demás plazas fantasmas, por qué se dedicó conmigo?”.
El político de 68 años, que lucía cabello cano y barba descuidada, fue entregado por México en un paso fronterizo en San Marcos (oeste) y luego trasladado vía aérea a Ciudad de Guatemala, agregó la cartera. Imágenes divulgadas por el Ministerio mostraron al exdiputado esposado, vestido con una camiseta negra y escoltado por policías hasta un helicóptero.
Presidente del Congreso entre 2015 y 2016, Rabbé fue arrestado el 23 de julio de 2018 en Monterrey, en el norte de México. Había salido del país en agosto de 2016 tras perder la inmunidad como diputado y poco después se le declaró prófugo. La Justicia mexicana avaló la extradición el 8 de mayo de 2019, pero diversos recursos legales demoraron su entrega a Guatemala.
Un juez guatemalteco había girado una orden de captura por su responsabilidad en la trama de plazas ilegales de funcionarios cuando presidía el Parlamento.
Las pesquisas fueron apoyadas en esa época por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por Naciones Unidas creado en 2007 y que contribuyó en la revelación de sonados casos de corrupción. La CICIG fue desmantelada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020).
