La Liga, la principal liga de fútbol española, eligió uno de los mejores domicilios para su “lucha contra el fraude audiovisual en Latinoamérica”: En el “Palacio Duhau” de uno de los barrios más caros de la capital argentina, Buenos Aires, se hizo un llamamiento a la lucha conjunta contra la piratería mundial de videos.
“Nos están robando el producto”, dijo el jefe de La Liga, Javier Tebas, atacando a varios actores a la vez: empresas tecnológicas estadounidenses como X, Cloudfare o Google, que se negaron a cooperar y se convertirían así en cómplices de la distribución ilegal o del acceso ilegal a las transmisiones.
El objetivo sería generar beneficios a través de los ingresos publicitarios, incluso a costa de los contenidos distribuidos ilegalmente. Poco después, Hernán Donnari, director general de la empresa de medios de comunicación y titular de los derechos “1190 Sports”, activa en América Latina y en otros lugares, añadió: “Se trata también de puestos de trabajo que están en peligro”.
Abundan las ofertas ilegales
El fútbol profesional ha sido durante mucho tiempo una parte central de la industria del entretenimiento. Y ya sea la música, el cine o el sector cultural, todos están luchando contra las consecuencias de la piratería mundial de video. Los servicios ilegales de streaming ofrecen retransmisiones en directo a precios ruinosos.
No es realmente sorprendente que estén despertando un interés especial en la América Latina amante del fútbol, que también es mucho más pobre que muchas otras partes del mundo. Sin embargo, los aficionados siguen queriendo participar de alguna manera en los eventos más importantes y por ello recurren a ofertas ilegales.
A finales de noviembre, la autoridad policial europea Europol informó de la detención de once miembros de una banda presuntamente implicada en el streaming ilegal. En total, la agencia policial identificó a unos 102 sospechosos. Según el informe de Europol sobre la red, más de 2.500 canales de televisión, incluidos canales deportivos, habrían pirateado material de vídeo y lo habrían puesto a disposición de más de 22 millones de usuarios de todo el mundo sin el consentimiento de los titulares de los derechos.
Perdidas de más de 28.000 millones de dólares
Diversos estudios revelan la magnitud económica de los daños. En marzo de 2021, “Synamedia” publicó un estudio según el cual las pérdidas mundiales anuales que genera la piratería de video ascienden a 28.000 millones de dólares estadounidenses.
Otro estudio de la agencia de protección de derechos APAA, de la que también forma parte la Liga Alemana de Fútbol (DFL), concluyó que los operadores de televisión de pago habrían sufrido pérdidas de 3.200 millones de euros en 2021 solo por la piratería en la IPTV. Con la IPTV, la transmisión tiene lugar a través de un sistema aislado por internet hasta el cliente. Para ello se necesita un receptor adecuado.
Al mismo tiempo, los operadores ilegales obtuvieron unos beneficios de alrededor de mil millones de euros. Un estudio de la agencia de protección de derechos APAA calculó una pérdida económica anual de 1.800 millones de euros debido a la piratería en directo.
El crimen organizado ha descubierto un nuevo modelo de negocio
“Ya no se trata de individuos que suben videos ilegalmente con mentalidad de Robin Hood. Lo que ocurre actualmente es que el crimen organizado ha descubierto la piratería de videos como un nuevo modelo de negocio”, explica Oliver Pribramsky a DW.
Como jefe de “Protección de la propiedad intelectual y de los contenidos y de los comités” en la DFL, es responsable de la protección del producto audiovisual del fútbol profesional y sigue de cerca la evolución de los distintos comités. El área de negocio es tan atractiva para el crimen organizado porque ofrece altos márgenes de ganancia, pero no hay que correr ningún riesgo existencial, como ocurre, por ejemplo, con el tráfico de drogas.
La consecuencia, según Pribramsky, es que ahora existen “estructuras ilegales altamente profesionalizadas” que operan en esta área de negocio. Los principales canales de distribución son servidores ilegales de difícil acceso desde los que se operan modelos de suscripción. Ahora correspondería a las autoridades y a los políticos tomar medidas más enérgicas contra la delincuencia organizada.
(gg/ers)
