El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza, así como para cooperar con la Corte Penal Internacional(CPI). Este organismo tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y hace casi un año emitió una orden de detención contra él.
García Ortiz adoptó esta decisión a raíz de la petición de la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a su unidad.
En ese informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.
Cooperación internacional
Las diligencias de la investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se cita en el decreto, otorga jurisdicción a los tribunales españoles para investigar hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España”.
