La corte suprema de Brasil examina este martes si abre un juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, en un caso que podría llevar al expresidente ultraderechista a una larga pena de prisión.
Según la Fiscalía, el exmandatario (2019-2022) lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro, de 70 años, enfrenta una posible pena de 40 años de prisión. Dice que es víctima de una “persecución” y espera poder competir en las presidenciales de 2026 pese a haber sido declarado inelegible por la justicia.
“Soy inocente” y de ser encarcelado “no tengo la menor duda de que en 30 días como máximo me matan”, dijo el expresidente el lunes en un podcast, sin señalar quiénes estarían detrás de esta supuesta trama.
La primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) evaluará si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra él y otras siete personas, señaladas como “el núcleo crucial” de la presunta conspiración. En total, hay 34 acusados.
La decisión, esperada este mismo martes o el miércoles, está en manos de 5 de los 11 magistrados de la corte, entre ellos el poderoso Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.
La seguridad en la sede del tribunal en Brasilia será reforzada con mayor presencia policial y controles de acceso más estrictos, anunció la corte. Se prevé que la sesión comience a las 9:30 a. m. locales.
Bolsonaro fue imputado en febrero por “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros delitos.
La acusación sostiene que la conspiración golpista contemplaba la elaboración de un decreto que justificaría un “estado de defensa” para revisar la validez del proceso electoral, e incluso el asesinato de Lula y del juez De Moraes.
El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército, según los investigadores.
Entre los otros acusados, figuran exministros de Bolsonaro como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina.
“Es un juicio político”
La Fiscalía hizo su imputación apoyada en una investigación de la Policía Federal, que resultó en un informe de casi 900 páginas.
También vincula a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes asaltaron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula.
El líder de extrema derecha se encontraba en Estados Unidos durante esos hechos.
“Es un juicio político. ¿Con qué fin? Sacarme del escenario político para el año próximo”, afirmó recientemente.
La defensa había solicitado apartar del caso a tres magistrados, entre ellos a De Moraes, pero la corte desestimó el recurso.
De Moraes, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.
En las últimas semanas, Bolsonaro y su familia han intensificado los ataques contra él y la corte suprema.
El diputado Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del líder ulraderechista, anunció su separación temporal del cargo para permanecer en Estados Unidos y “buscar los castigos justos” para De Moraes. Tachó de “gestapo” a la Policía Federal, a cargo de la investigación.
Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica, pero confía en que su pena sea revertida o reducida para poder competir en 2026.
“Por el momento, soy candidato”, declaró este mes, al resistirse a respaldar a otra figura de su espacio político.
Ha comparado su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor.
A mediados de marzo, miles de bolsonaristas se congregaron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para mostrar su apoyo a su líder y pedir una “amnistía” para los condenados por los disturbios de enero de 2023.
Los expertos legales consideran improbable que el expresidente sea detenido preventivamente, por lo que es posible que afronte un eventual proceso en libertad.
La incertidumbre sobre su futuro judicial y político ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección, en medio de una caída de su popularidad.
