El opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó el lunes a una comparecencia ante la fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio.
González Urrutia -en la clandestinidad desde hace tres semanas- reivindica su victoria en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos.
“Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público”, escribió el fiscal Tarek William Saab en un mensaje a la AFP, que acompañó con una copia de la boleta de citación, que lo convoca a las 10h00 locales (14h00 GMT).
Amenazado de cárcel por Maduro, González es investigado por la presunta comisión de delitos como “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”.
González calificó el domingo a Saab de “acusador político”.
“Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”, comentó en un video en redes sociales este diplomático de 74 años, quien reivindica su triunfo en las urnas.
“El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos”, continuó González, quien apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas.
Desde entonces, se limita a pronunciamientos vía internet.
Maduro le tildó de “cobarde”, mientras que Saab lo responsabiliza junto a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
– “Irregularidades” –
El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley. Alega que su sistema fue jaqueado.
La oposición asegura que González Urrutia ganó con 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web y que el chavismo califica de “forjadas”.
Ante un recurso de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el 22 de agosto los resultados y acusó de “desacato” a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó “indefensión”.
Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos Delpino, que representaba a la oposición en el organismo, denunció “irregularidades” en la elección del 28 de julio.
“Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados”, escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.
También pasó a la clandestinidad.
– ¿30 años de cárcel? –
La citación de González se anunció el sábado en el marco de una investigación por “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”, según un documento divulgado por la fiscalía.
El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que “por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años”, la máxima en el país.
García denunció “vicios” en la citación, que convoca a González a “rendir entrevista” sin aclarar “en calidad de qué es citado”.
“Pareciera que es imputado (…). Si es así (…), debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir”, dijo el jurista a la AFP. “De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar”, añade.
Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.
– “Acta mata sentencia” –
Machado llamó a protestas para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la elección.
La independencia del CNE y el TSJ es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la corte suprema.
En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados “desglosados y verificables”.
El TSJ exhortó al CNE a publicar “resultados definitivos”, sin pedir detalle mesa por mesa.
