El asesinato del senador y precandidato de derecha Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático (CD), baleado el 7 de junio, parece haber marcado el inicio de otro capítulo de la violencia en Colombia, reviviendo para muchos los fantasmas de 1980 y 1990, cuando fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales.
A ese asesinato le siguieron en agosto ataques armados que dejaron 18 muertos y más de 60 heridos.
A nueve años de la firma del acuerdo de paz (2016), el Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro ―que apostó por seguir promoviendo el diálogo con los exguerrilleros de las FARC, las disidencias― hace frente con una estrategia militarizada a los recientes ataques, que sumen al país en una nueva crisis de violencia política, la peor en una década.
“El Gobierno está desarrollando una política dual difícil de conjugar. Por un lado, con conversaciones para llegar a acuerdos con grupos de exguerrilleros para reincorporarlos a la vida civil. Por el otro, con declaraciones de guerra muy fuertes”, dice a DW Camilo González Posso, presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
Ataques de exguerrilleros provocan división en Colombia
A Petro le llueven críticas de la oposición de derecha por haber priorizado el diálogo, y la inseguridad pasó al centro del debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció el viernes (23.08.2025) la implementación de la Operación Sultana, a fin de proteger al país “del terrorismo y el crimen”.
“Tanto de cara a las elecciones como en la controversia política, la situación se ha polarizado”, agrega González Posso.
“Por un lado, con una línea dura, alineada con Estados Unidos, que se vuelca con todo a la seguridad y la militarización, retomando la lógica de guerra que instauró durante su mandato el expresidente de derecha Álvaro Uribe. La línea contrapuesta es la de sectores de centroizquierda, de que se debe poner todo el énfasis en las políticas de democratización y de justicia social, lo que no descarta, sin embargo, estrategias de seguridad y acciones de fuerza legítimas por parte del Estado”, explica.
Situación diferente a los años 90, pero iguales desafíos
Stefan Peters, director académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), condena “enérgicamente” en entrevista con DW los actos de violencia “que ponen en riesgo a la sociedad”. Y explica que “en los territorios que habían sido controlados por las FARC se generó un vacío de poder por no haber suficientes políticas sociales del Estado”. Un vacío que es aprovechado por grupos de guerrilleros disidentes, de paramilitares e incluso por organizaciones criminales del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Sin embargo, a pesar de que “hay un aumento de las hectáreas de cultivo de coca, el escenario no es el mismo que en los años 90”, indica. Y aunque el Gobierno “no tiene más alternativa que combatir militarmente a esas economías ilegales transnacionales, también debido a la presión política, este conflicto no se va a resolver solo a través de las armas. Hay que ocuparse de la situación humanitaria de la sociedad civil, de la pobreza y de la desigualdad social”, puntualiza.
“Tal vez por haber vivido tanto tiempo en estas confrontaciones armadas, hay una parte importante de la sociedad que piensa que no se debe renunciar a buscar la paz también mediante el camino de las reformas y el diálogo”, coincide Camilo González Posso.
“El discurso de la extrema derecha” ante la opinión pública
Petro denunció en junio un “intento golpista de la extrema” derecha de Colombia y Estados Unidos y negó la víspera en X la existencia del Cartel de los Soles en Venezuela, insistiendo en que es una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no le obedecen”.
Al respecto, González Posso dice que “la extrema derecha está pidiendo que haya una alianza internacional de Colombia con Estados Unidos, Israel, la inteligencia de Occidente y la OTAN para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y de los grupos armados”.
Al mismo tiempo, advierte que “identificar a los grupos disidentes armados con el narcotráfico es una mala lectura”. En su opinión, “el narcotráfico que opera en Colombia y genera violencia es un régimen internacional cuya cabecera está en las potencias consumidoras de cocaína y otros psicoactivos, y en las redes de lavado de dinero”.
Las acciones de las disidencias armadas, en cierta forma, “apoyan el discurso de la extrema derecha ante la opinión pública”, consigna Peters, “de que las políticas ambiciosas de paz total no han logrado los resultados que el Gobierno buscaba”.
El riesgo de una estrategia armada para combatir la violencia
¿Cuál es el interés de estos grupos en desatar una nueva ola de violencia, y qué rumbo podría tomar Colombia con una medida como la de Petro?
De algún modo, dice el director de CAPAZ, el accionar de las disidencias “es una demostración de fuerza hacia el Gobierno y hacia sus bases. Así están en una buena situación para exigir en caso de negociar”. Pero no ve una estrategia definida de los diferentes grupos, aunque sí una reacción ante las incautaciones.
“Se puede decir que son grupos híbridos que mantienen una etiqueta con origen en razones ideológicas, pero su práctica actual está orientada a los negocios y a la alianza con estructuras criminales más poderosas”, sostiene el presidente de Indepaz. Esas “ramas sueltas” manejan una narrativa ambigüa.
A caballo entre la gestión militar del conflicto, golpeando la economía de los grupos armados, y el intento de desmovilizar a través del diálogo, “hoy, ante las elecciones de 2026, las expectativas de paz este están chocando con las realidades de estas dinámicas violentas”, subraya González Posso.
“Frente a esas acciones, solo invitar al diálogo es probablemente poco viable y quizás tampoco recomendable”, considera Stefan Peters. “Sin embargo, la solución no va a ser a través de las armas. No solo hay que ver cómo poner fin a este conflicto y desmantelar el mayor número de grupos ―Colombia es casi campeón del mundo en desmovilización― sino también trabajar sobre las causas del conflicto para no haya un reciclaje de la violencia”.
“Si se busca terminar con estos múltiples conflictos solo a través de las armas va a haber una escalada del conflicto armado y puede correr mucha sangre. Eso es un riesgo real”, advierte. Y concluye: “No es una guerra que podemos ganar, sino que necesitamos ver cómo podemos, a través de la política, resolverla”.
