Que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya ordenado la reapertura de la prisión de Alcatraz, ubicada en una isla de la bahía de San Francisco, no ha sorprendido, ya que el populismo punitivo está en auge en el continente americano.
Ante la amenaza de aumentos en las cifras de criminalidad, muchos gobernantes buscan mostrar su empeño en controlar el avance del hampa y del crimen organizado mediante anuncios de construcción de nuevas cárceles.
Aunque Trump no dio una fecha exacta sobre cuándo se llevará a cabo esta reapertura de la prisión, que es más conocida por su función como atracción turística, fue muy explícito al señalar que el recinto debería sufrir ciertas modificaciones y reformas para alejar de las calles a “la escoria de la sociedad” (tal y como se refirió a los criminales).
En vez de mejorar la situación de hacinamiento que sufren las cárceles en muchos países, incluidos la mayoría de los latinoamericanos, se recurre a la idea de que la construcción de megacárceles para presos de alta peligrosidad sería la solución mágica a la creciente preocupación de los ciudadanos por la inseguridad en las calles.
El modelo de la megacárcel de Bukele
El CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la megacárcel inaugurada en 2023 cerca del poblado de Tecoluca, en El Salvador, se ha convertido en un atractivo para el turismo carcelario de autoridades de seguridad de EE. UU. y de América Latina, así como de periodistas invitados por el Gobierno de este país centroamericano.
Con capacidad para 40.000 reclusos, el CECOT es la mayor prisión de América Latina y una de las más grandes del mundo en cuanto a capacidad de reclusión. El CECOT, construido por empresas privadas en un terreno de 23 hectáreas, costó 100 millones de dólares.
Para el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la cárcel se ha convertido en “la solución” para combatir a las bandas criminales MS-13 y Barrio 18 de su país. Muchos de sus miembros fueron capturados durante el estado de excepción, lo que le ha valido a Bukele una gran aceptación entre los electores del país, a pesar de las denuncias de violación de los derechos humanos a nivel internacional.
Recientemente, el CECOT ha adquirido una dimensión internacional. Más de 200 venezolanos, deportados por Estados Unidos en marzo en virtud de un acuerdo de 6 millones de dólares con Bukele, están retenidos allí, acusados de vínculos con la banda criminal Tren de Aragua.
A pesar de la dudosa base legal de esta acción, se está utilizando al CECOT para amenazar a ciudadanos estadounidenses y de otros países con su deportación a El Salvador por parte de la administración Trump. Durante su visita del día 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, aprovechó la oportunidad para advertir a los inmigrantes de que acabarían en el CECOT si cruzaban ilegalmente la frontera.
La copia del CECOT como parte del populismo punitivo
La inauguración de las visitas internacionales al CECOT corrió a cargo de la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, quien indicó que sería un modelo también para el sistema carcelario de su país. Desde entonces, la afluencia de visitantes no ha parado, y siempre van acompañados de la intención de replicar el ejemplo salvadoreño.
Así, Costa Rica desea copiar a Bukele: su presidente, Rodrigo Chaves, propuso construir una megacárcel con capacidad para 5.000 presos. Al finalizar su gestión el 7 de mayo de 2026, prometió que habría una nueva cárcel en Costa Rica para albergar a los presos más peligrosos, que actualmente suman 17.000.
Costa Rica, antaño la nación más segura de Centroamérica, sufre actualmente una tasa récord de homicidios de 17,2 por cada 100.000 habitantes en 2024, alimentada por el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente de Costa Rica anunció que la construcción de esta cárcel costará 35 millones de dólares, cantidad que el país no tiene disponible.
En Perú, la saliente y controvertida presidenta Dina Boluarte ha dispuesto emular la “estrategia” salvadoreña contra el crimen organizado con la construcción de una megacárcel para resolver la sobrepoblación carcelaria, de casi cien mil presos, la mitad de ellos sin sentencia.
El Estado peruano ha demostrado su incapacidad para controlar las redes criminales que operan desde las propias prisiones. Mientras tanto, en el Congreso peruano se ha presentado un proyecto de ley que trata de copiar el procedimiento de EE. UU. de trasladar a presos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador para “combatir la inseguridad ciudadana” en Perú.
Ecuador también busca construir una megacárcel tipo CECOT y ha iniciado recientemente obras en la cárcel de Santa Elena, en la provincia costera de Santa, una de las dos prisiones de máxima seguridad que el presidente Daniel Noboa prometió construir para líderes criminales.
De esta manera, se pretende poner fin a la infiltración del sistema penitenciario por parte de las organizaciones criminales, que habían convertido las cárceles en sus centros de operaciones en Ecuador, y demostrar que se han terminado “los tiempos en los que los gobernantes miraban a otro lado o pactaban con los criminales”.
Con la militarización de las cárceles que el presidente ecuatoriano había ordenado a principios de este año, se pretendía poner fin a los asesinatos de más de 500 presos por grupos rivales, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias.
Sin embargo, las necesarias mejoras en las condiciones carcelarias no tienen tanto impacto en el público como la construcción de una megacárcel, una estrategia populista punitiva que, en muchos casos, ofrece una solución fraudulenta al problema de la inseguridad ciudadana, ya que se necesita un enfoque más integral para controlar este reto social.
