La aplicación de la ética en el conocimiento y estudio de los seres vivos y la naturaleza (bioética) se ha enfocado principalmente en el área de la medicina y la salud. Sin embargo, un proyecto liderado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional (UNA) promueve expandir ese horizonte de influencia hacia problemáticas globales asociadas con el cambio climático y las desigualdades que genera.
Las consecuencias del cambio climático y su alteración sobre el entorno se han comenzado a evidenciar con mayor profundidad y frecuencia, lo que afecta la capacidad de respuesta de los seres humanos frente a tales amenazas y es ahí donde la bioética debe jugar un papel precautorio.
Por ejemplo, se estima que para el 2030 podría incrementarse la pobreza extrema en América Latina y el Caribe hasta en un 300%, de acuerdo con el Banco Mundial. Mientras que las sequías extremas ya afectan al 48% de la superficie terrestre, lo que condiciona la seguridad alimentaria de 150 personas alrededor del mundo.
Un grupo de investigadores de la Escuela de Filosofía, que además sumó esfuerzos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Escuela de Psicología, de la Maestría de Bioética y de la Universidad de Costa Rica, planteó pautas de manera que la bioética abarque otras ciencias como las agrarias y las ambientales.
“El proyecto lo dirigimos hacia tres objetivos específicos: queríamos identificar problemas y desafíos, luego hacer un análisis de algunas omisiones que se han cometido desde una visión antropocéntrica y luego, definir algunas pautas para estas ciencias”, describió Sara Mora, académica de la Escuela de Filosofía y responsable del proyecto.
De ahí surgieron tres artículos científicos que están pendientes de publicación. Pero también desarrollaron, el año pasado, un coloquio con participación de profesionales de diversas ramas quienes hicieron aportes, y se realizaron entrevistas con académicos y con funcionarios de gobierno que tienen relación con el tema del cambio climático.
Hallazgos
Uno de los principales hallazgos es que Costa Rica debe asentar con mayor claridad quién lleva la batuta en el cumplimiento de indicadores relacionados con este tema, si se considera la necesidad de avanzar en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Es importante que exista un mejor diálogo entre las instituciones públicas para que cada una sepa qué tiene que hacer. Podríamos pensar que para hacerle frente al cambio climático debe destacarse al Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, incluso las municipalidades por la parte de los territorios y hasta las universidades. Todos tenemos una parte que debemos aportar”, agregó Mora.
Para la académica de la Escuela de Filosofía es imperante que exista un alineamiento entre el discurso que Costa Rica promueve hacia afuera como “país verde”, frente a acciones concertadas para avanzar hacia una adaptación y mitigación del cambio climático.
En el caso de las universidades, otro de los resultados de la investigación fue hacer un análisis de la inclusión de los conceptos de la bioética en los planes de estudio de ciencias sociales y de la vida, en los casos de la UNA y la UCR.
Al respecto, determinaron que en ambas casas de enseñanza superior existen al menos unas 20 carreras, incluyendo posgrados, que cuentan con cursos que tiene alguna relación con el cambio climático.
No obstante, Mora y los investigadores del proyecto consideran que se puede aumentar la representatividad de este tema en los cursos. “Ante un fenómeno que es tan importante en este momento de nuestra historia debemos plantearnos qué podemos hacer como país para tener las herramientas que respondan a esta amenaza. En esa línea, consideramos que una forma de hacerlo es desde las propias universidades”, comentó Mora.
En otro de los artículos que formó parte de la investigación se ahondó en la relación entre cambio climático e inequidad social. Muestra de ello es que en las regiones que se ven en situaciones de mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos, se desencadenan una serie de consecuencias que frenan el desarrollo de algunas zonas, en comparación con otras que podrían no verse tan afectadas.
Por ejemplo, en la región Chorotega, una de las más afectadas por las lluvias de noviembre anterior se perdieron cientos de cabezas de ganado y de hectáreas de cultivos, golpeando a los productores. A su vez, se genera una presión para que los precios de la carne y de las hortalizas suban de precio ante una baja en la oferta.
Es ahí donde la bioética puede aplicarse el “principio de precaución”, de manera que pueda prepararse a las comunidades de manera preventiva ante una ocurrencia más frecuente de este tipo de eventos meteorológicos.
“Uno de los aspectos que nos señalaba uno de los funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que entrevistamos es que todavía no estamos listos para dar ese paso y ese es uno de los puntos que debemos resolver: tener a personas capacitadas en los territorios para que ante una situación de inundación, por ejemplo, sepamos que se puede hacer X o Y, de la mano del conocimiento y las herramientas disponibles”, manifestó Mora.
El debate sobre la bioética en otras ramas de la ciencia continuará profundizándose. Existe una ley que rige desde el 2014 (Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N. 9.234) que, desde el objeto de la norma, busca regular la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, y eso habla de los desafíos que enfrenta el país por abarcar nuevas áreas.
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Guillermo Solano Gutiérrez
