Televisora de Costa Rica, conocida como Canal 7, emitió un comunicado oficial tras la decisión de Kölbi y el Banco Popular de retirar su apoyo publicitario al programa El Chinamo, particularmente a su sección El Chinaoke. Este espacio, que durante 24 años ha sido una pieza clave del programa, se caracteriza por su humor satírico y crítico hacia temas de interés público.
La televisora calificó las acciones de las marcas como un uso de los fondos públicos para influir en la línea editorial de los medios. “Sobre el manejo de la pauta estatal como instrumento de censura hay jurisprudencia local e internacional que respalda la libertad editorial”, indicó el comunicado.
Además, Canal 7 agradeció el respaldo del público, al tiempo que señaló que evaluará el caso en el momento oportuno.
Críticas en el centro de la polémica
Kölbi, marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), anunció su retiro debido a que los contenidos de El Chinaoke no se alinean con sus valores corporativos. La empresa argumentó que la sección presenta parodias de temas sensibles como la inseguridad, la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y casos judiciales como el “Caso Barrenador”.
“Nos distanciamos de cualquier contenido que promueva violencia, discriminación o parodias del sufrimiento de víctimas”, destacó la marca en su comunicado oficial.
Por su parte, el Banco Popular decidió retirar su patrocinio de El Chinaoke argumentando que no refleja los valores familiares y el espíritu navideño. Sin embargo, mantendrá su apoyo en la sección El Aguinaldazo, que premia a televidentes con un millón de colones diarios.
Reacciones de figuras políticas y redes sociales
La decisión de estas empresas generó un amplio debate en redes sociales, donde usuarios expresaron posturas divididas. Algunos respaldaron la medida, mientras que otros lo calificaron como una forma de censura hacia un espacio que utiliza el humor para abordar realidades nacionales.
Figuras políticas, incluyendo una expresidenta de la República y varios diputados, también se pronunciaron. Mientras algunos defendieron la postura de las marcas, otros criticaron que empresas estatales interfieran en contenidos críticos mediante la pauta publicitaria.
