El pasado 18 de setiembre, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional emitió dos pronunciamientos (UNA-SCU-ACUE-288-2024 y UNA-SCU-ACUE-289-2024), mediante los cuales solicita al Gobierno de la República generar las acciones necesarias para que la sociedad costarricense acceda a una educación de calidad, no deserte del sistema y avance al más alto nivel profesional. Asimismo, exige a las instancias correspondientes el respeto y cumplimiento del mandato constitucional de destinar un 8 % del PIB a la educación pública, incluyendo las universidades estatales.
Ambos pronunciamientos, ratifican la posición de la Universidad Nacional de rechazo a los recortes presupuestarios de la educación pública, al tiempo que promueven el diálogo social en la coyuntura actual, marcada por ataques a las instituciones públicas, estudiantes, personas trabajadoras y la misma Constitución Política de nuestra República.
El texto íntegro de ambos comunicados dice:
Pronunciamiento No. 1
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE LA CRISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE
CONSIDERANDO:
1. A lo largo de su gestión, la ministra Anna Katharina Müller Castro ha tomado decisiones que han tenido un impacto negativo en el sistema educativo público en Costa Rica. Durante este periodo se ha presenciado un marcado deterioro en la infraestructura educativa, un preocupante aumento en la exclusión escolar, y una falta significativa de inversión en áreas críticas como la educación tecnológica y el fortalecimiento de programas de bilingüismo. Estos recortes y la falta de atención a estos aspectos esenciales han dejado a miles de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, afectando su capacidad para recibir una educación de calidad.
2. Lo anterior se confirma con los datos del Informe Estado de la Educación en Costa Rica del 2023, (pág. 27) que señala que desde el VIII Informe Estado de la Educación (2021) alertaba sobre una grave crisis en los ciclos preescolar, básico y diversificado del sistema educativo público debido al golpe combinado de rezagos históricos y de los efectos del apagón educativo ocurrido en el año 2018 y 2021. Desde entonces la crisis de gestión, recursos, resultados educativos se profundizó al punto tal que, en la actualidad Costa Rica enfrenta una coyuntura decisiva en materia educativa, cuya resolución en un sentido o en otro, afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas.
3. Lejos de buscar soluciones a esta crisis, la propuesta de la ministra Anna Katharina Müller Castro, es continuar apoyando recortes sistemáticos y persistentes, ejemplo de ello es la propuesta de disminuir el presupuesto a la educación con un recorte de 18 mil millones de colones para el año 2025 al Ministerio de Educación Pública, lo cual representa el presupuesto más bajo en los últimos 20 años para el sistema de educación público, alejándose del mandato constitucional de asignar un 8 % del PIB a la educación pública del país.
4. De darse ese recorte se afectarían programas educativos fundamentales, como el bilingüismo, la nivelación académica, la educación tecnológica y técnica, entre otros. Esto tendría una gran incidencia en el desarrollo integral de miles de estudiantes y docentes, así como un mayor debilitamiento del sistema educativo público.
5. Con respecto al proyecto “Ruta de la Educación 2022-2026”, anunciado en el año 2023, este continúa siendo un plan aspiracional. Lo anterior se evidencia cuando en días recientes la actual ministra del Ministerio de Educación solicitó una prórroga para que dicho plan sea presentado en el año 2026, postergando la importancia de que el país cuente con acciones estratégicas que atiendan el estado crítico del sistema educativo nacional.
6. Ante el anuncio de este proyecto, especialistas de nuestra Universidad Nacional durante el panel “Ruta de la educación: Retos y propuestas”, realizado el 24 de abril del 2023, emitieron recomendaciones sobre las necesidades educativas del contexto actual, las cuales son de conocimiento del Ministerio de Educación Pública.
POR TANTO, SE ACUERDA:
A. SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GENERE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE ACCEDA A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, NO DESERTE DEL SISTEMA Y AVANCE AL MÁS ALTO NIVEL PROFESIONAL.
B. RECHAZAR ENFÁTICAMENTE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO 2022 -2024 Y LA PROPUESTA DE RECORTE FORMULADA POR EL PODER EJECUTIVO PARA EL AÑO 2025, LA CUAL INCLUYE UNA DISMINUCIÓN DE ALREDEDOR DE 18 MIL MILLONES DE COLONES REQUERIDOS PARA ATENDER NECESIDADES IMPOSTERGABLES EN EL SECTOR EDUCATIVO.
C. HACER UN LLAMADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE REVIERTAN Y CONSIDEREN LOS CRITERIOS TOMADOS HASTA EL MOMENTO EN PERJUICIO DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
D. SOLICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE GENERE UNA RUTA DE SOLUCIÓN QUE ATIENDA LA CRISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE.
E. COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE COSTA RICA, A LAS DIPUTACIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, E INSTITUCIONALES, PARA SU DIFUSIÓN RESPECTIVA.
ACUERDO FIRME.
Atentamente,
Dr. Braulio Sánchez Ureña
Presidente a.i. del Consejo Universitario
Pronunciamiento No. 2
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2025
CONSIDERANDO:
1. Que la educación es un derecho humano esencial, reconocido y protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y por una serie de otros instrumentos internacionales en derechos humanos, muchos de los cuales han sido ratificados por el Estado costarricense. Estos compromisos internacionales refuerzan el deber del Estado de garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación para todas las personas, como un pilar básico para el desarrollo social y económico sostenible de la nación.
2. La Constitución Política de Costa Rica, en sus artículos 78, 84 y 85, garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria estatal, así como sus rentas y patrimonio propio, al establecer que se destinan al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) y no podrán ser abolidas ni disminuidas.
3. La autonomía que gozan las universidades nos permite desempeñar sus funciones académicas y administrativas, asegurando su capacidad para contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense a través de la enseñanza, la investigación y la extensión.
4. Reiteramos lo expuesto en el año 2022, cuando señalamos que la educación superior universitaria en Costa Rica constituye un instrumento esencial para conservar y promover la investigación científica y tecnológica, así como la formación integral en áreas estratégicas, pues cultiva las artes y las letras en su máxima expresión; además analiza y plantea con objetividad y conocimiento la realidad social, cultural, política, ambiental y económica de nuestro país y el mundo, es una impulsora de ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles; por tanto, propone soluciones a los grandes problemas que limitan alcanzar el bienestar social a toda la población.
5. Sin duda alguna la movilidad, la cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país resguardan los valores costarricenses fundamentales, objetivos del sistema de educación superior estatal, que se promueven de forma constante en sus distintas iniciativas académicas, para aportar directamente al desarrollo y el crecimiento económico, sanitario, ambiental y social, de tal forma que se solventen las serias limitaciones que el país viene enfrentando.
6. La vigencia de la agenda de cooperación voluntaria y recíproca entre las Instituciones de Educación Superior Públicas y el Gobierno de la República, para impulsar el desarrollo económico y social, con visión sectorial y regional para el bienestar de nuestra sociedad.
7. Manifestamos nuestra preocupación sobre el curso seguido por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, que de manera sistemática se ha venido limitando los espacios de diálogo por parte del Poder Ejecutivo.
8. Como resultado de la diferencia entre la Comisión de Enlace y las rectorías de las Universidades públicas, se presenta una nueva negociación presupuestaria, en esta ocasión en la Asamblea Legislativa, condicionada por la misma base del FEES 2024 – que corresponde a 576.087,0 mil millones de colones-, cero montos de crecimiento ni reconocimiento de inflación.
9. Es la primera vez que la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa a partir del criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, analizará el presupuesto para el FEES del 2025.
10. Reiteramos a la comunidad nacional que la inversión que hace la sociedad costarricense en las universidades públicas se invierte en la ejecución de proyectos de investigación, extensión y docencia que impactan decididamente a las familias más vulnerables con la educación y formación y a varios sectores sociales y productivos de nuestro país.
POR TANTO, SE ACUERDA:
A. EXIGIR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE DESTINAR UN 8 % DEL PIB A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO LAS UNIVERSIDADES ESTATALES.
B. PROMOVER ACTIVAMENTE EL DIÁLOGO SOCIAL EN LA COYUNTURA ACTUAL, MARCADA POR ATAQUES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ESTUDIANTES, PERSONAS TRABAJADORAS Y LA MISMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NUESTRA REPÚBLICA.
C. MANIFESTAR NUESTRO APOYO A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL ASESORA DEL FEES DURANTE LA ETAPA DE NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DEL MISMO.
D. COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE COSTA RICA, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INSTITUCIONALES.
ACUERDO FIRME.
Atentamente,
Dr. Braulio Sánchez Ureña
Presidente a.i. del Consejo Universitario
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