Una estructura criminal, con nexos incluso dentro de instituciones públicas, fue desmantelada por las autoridades costarricenses tras una meticulosa investigación que expuso cómo se vendían vehículos robados como si fueran recién traídos del extranjero.
La mañana de este martes 10 de junio, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron varios allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, incluyendo Desamparados, La Agonía, La Guácima y Poás en Alajuela, además de Liberia, Guanacaste. El objetivo: capturar a los responsables de una red que habría estafado a por lo menos 20 personas con vehículos valorados entre ₡20 y ₡30 millones cada uno.
Estos son algunos de los vehículos decomisados:
El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la banda operaba con una logística cuidadosamente planeada, en la que participaban desde mecánicos hasta funcionarios públicos. Según Zúñiga, los delincuentes recibían carros de lujo robados y de inmediato los entregaban a un mecánico especializado, quien alteraba el número de identificación vehicular (VIN) para que coincidiera con modelos importados legítimamente.
Luego, gracias a la colaboración de un funcionario del Ministerio de Hacienda —adscrito al área de Aduanas— el grupo lograba simular una importación formal, completando así la fachada legal necesaria para vender los vehículos como si fueran traídos de agencia.
Entre los sospechosos identificados figuran dos hombres de apellido Vargas, señalados como los líderes del grupo. Uno de ellos es conocido en el mundo del hampa como “Frijolero”. También se busca a un abogado, un mecánico, un tramitador o “gavilán” y al ya mencionado empleado de Aduanas, cuya participación era clave para legitimar los documentos.
Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas y se mantiene activa la búsqueda de al menos un sospechoso más. Según la investigación, las víctimas perdieron vehículos de alto valor económico que luego fueron revendidos a nuevos compradores sin que estos supieran del origen ilícito.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles en las aduanas y revisar los mecanismos de verificación vehicular en el país, ya que estas prácticas no solo afectan a los propietarios originales, sino que también ponen en riesgo a los compradores de buena fe.
Mientras las autoridades judiciales continúan con la recopilación de pruebas, el caso se perfila como uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado relacionado con el robo y la comercialización fraudulenta de vehículos de lujo en los últimos años.
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