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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, decretaron una reforma para la Unidad Especial de Intervención (UEI), donde se modifica parcialmente el reglamento de la organización y su funcionamiento.
Diputados de la oposición brindaron a crhoy.com sus reacciones, quienes concuerdan en que la decisión podría ser inconstitucional y va a ser analizada en el plenario.
Este jueves 21 de noviembre, se oficializaron los ajustes a través de la publicación en diario oficial La Gaceta, en el decreto N° 44637 MP, firmado por ambos jerarcas.
Anteriormente, el grupo de operaciones se especializaba en misiones de alto riesgo en casos de terrorismo y narcotráfico. Además, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o diplomáticos extranjeros que visitan el país.
En los cambios hay 8 tareas, las cuales no existían o no estaban oficializadas:
Recolectar datos e información previa a la ejecución de las operaciones a realizar, utilizando los medios tecnológicos idóneos.
Coordinar y mantener el flujo de información necesario para facilitar la toma de decisiones en los diferentes cursos de acción a seguir para el cumplimiento de las operaciones policiales a desarrollarse por parte de la UEI.
Coordinar con la oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad Especial de Intervención el desarrollo y mantenimiento del software o de las bases datos que se requieran para el resguardo de la información que se genere, producto de los trabajos realizados.
Analizar la información producida o recibida en la organización y generar reportes estadísticos con el objeto de establecer las frecuencias, correlaciones y tendencias que se produzcan de situaciones provenientes del narcotráfico, terrorismo y explosivos.
Mantener actualizada la base de datos relacionada con las actuaciones policiales de operaciones contra el narcotráfico, terrorismo, explosivos y de protección a los miembros de los supremos poderes y dignatarios que visitan el país.
Elaborar informes mensuales, dirigidos a la Dirección General de la UEI, sobre las labores realizadas, de conformidad con las disposiciones establecidas.
Coordinar con la oficina de Tecnologías de la Información la implementación de procesos de seguridad en la infraestructura tecnológica para administración, mantenimiento, instalación, configuración y operación de la información.
Realizar otras funciones que le encomiende la Dirección General. Además, la reorganización estipula que el departamento de Operaciones
Reacciones de los diputados
Crhoy.com consultó el criterio de varios legisladores y estas fueron sus reacciones.
Gloria Navas, diputada independiente, indicó:
En suma es un decreto que violenta el marco constitucional costarricense desde la primer página. Además, el principio de reserva de ley es inconstitucional. Hay conducta típica la que se enmarca en norma penal. Violenta además el principio de legalidad, eso se llama prevaricato. Se trata de un delito contra los deberes de la función publica. Sanciona al funcionario público que dicta resoluciones contrarias a la ley. El presidente está trastornado y enfermo de pretensión de poder. Irrespeta el orden jurídico en ese afán de matonismo político.
Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista, comentó:
Este decreto revela, una vez más, el poco respeto que tiene el presidente de la República por la división de poderes asignándole a la UEI, ya no solo labores de policías que no necesariamente están bajo el mando directo de la Presidencia sino que también labores que corresponden a la Policía Judicial.
He hecho algunas consultas preliminares con abogados y me explican que el tema de asignar funciones a los cuerpos policiales es reserva de ley, que la Ley General de Policía así lo establece. La UEI está creada mediante la Ley General de Policía y por lo tanto el decreto pareciera ser absolutamente ilegal.
Alejandro Pacheco, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, dijo:
Me parece que es un decreto temerario: la Presidencia de la República tener facultades para ser allanamientos, para ser investigaciones, probablemente intervenciones telefónicas. Yo creo que se le está yendo la mano al presidente de la República y está metiéndose en funciones que le tocan al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial.
No estoy de acuerdo con este tipo de decretos y bueno, vamos a analizarlo para ver si es constitucional o no.
Ariel Robles, diputado del Partido Frente Amplio, declaró:
Nos parece sumamente peligroso. Es un decreto que le da facultades a una unidad completamente politizada.
Pueden ser bien la persecución de otros actores políticos que están facultando para que pueda acceder a información privada, a utilizar medios tecnológicos, y esto coincide plenamente con lo que había señalado ya el fiscal en su momento, de que Casa Presidencial está utilizando esta unidad para perseguir, para investigar, para señalar y obtener información y que incluso podría llegar a ser más peligroso como otros actores políticos.
Simplemente por el hecho de pensar de una forma diferente, sin que medie ningún tipo de aprobación por parte de un juez o el Poder Judicial como correspondería en cualquier otro proceso. Es peligroso, es lo que ha dicho regímenes autoritarios en otros lados del mundo y es una señal grave de alerta a la democracia, la división de poderes y al respeto a las distinciones que debemos tener en un país que vive en democracia.
Kattia Rivera, diputado del Partido Liberación Nacional, expresó:
Este decreto muestra lamentablemente esa falta de visión en lo que hasta el día de ayer se venía desarrollando en el país con el tema de los diferentes cuerpos policiales y cómo se respetaba entre ellos esa separación. Lo digo porque esta unidad especial era simplemente hasta el momento en que se decreta o que se publica este decreto, un cuerpo de acompañamiento para la persona que estuviera ejerciendo la presidencia.
Creo que ya se extralimita con esta designación de decir que pueden hacer allanamientos, que pueden hacer investigación y lamentablemente esto no ayuda.
Creo que al contrario, lo que se debiera de trabajar es mejorar las condiciones de los cuerpos policiales dentro del Ministerio de Seguridad y que hemos visto como lamentablemente también desde el Ministerio de Hacienda o el mismo ministro de Seguridad no ha querido apoyar proyectos de ley, y han demostrado también en la presentación de los presupuestos de la República como no han visualizado la necesidad de apoyar con más recursos económicos, y como les digo, en ciertos proyectos de ley que facilitaban procesos para el OIJ o para los cuerpos de seguridad.
Esto lo que demuestra es lo que quiere el presidente, tener cuerpos policiales al servicio de él, y no como debiera ser, cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública más fortalecidos.
Gilberto Campos, diputado del PLP, manifestó:
El decreto que le amplía las competencias policiales a la UEI es un decreto que en principio hay que analizarlo desde la legalidad que le otorga la Ley de Policía.
Porque la Ley de Policía que es la misma ley que incorpora en la creación de la Unidad Especial de Intervención, establece que la creación de competencias policiales es materia de reserva de ley, y un decreto ejecutivo por supuesto está es inferior en rango a una ley y esto implicaría que el decreto podría ser ilegal.
Incluso desde un análisis más detallado estamos evaluando la constitucionalidad del decreto pero no es extraño este tipo de chambonas en el gobierno porque en el ánimo de correr para tratar de evitar lo que en sesiones ordinarias podría ser la aprobación del proyecto de ley que traslada la UEI de la presidencia de la República al Ministerio de Seguridad Pública, pues es evidente que las competencias que se les están asignando en función de manejos de bases de datos, entre otros temas de manejo de información estratégica, es sin lugar a dudas algo que hace dudar de una correcta aplicación de funciones policiales.
Vanessa Castro, diputada del PUSC, afirmó:
Sin duda nos encontramos ante otro decreto emitido por el presidente Chaves que no reúne las condiciones legales necesarias. Es un decreto inconstitucional sin duda, pero lo que más destaca es el hecho de que a estas alturas creo que el presidente Chaves lo hace a propósito, lo hace con el fin de que el decreto sea impugnado legalmente y poder decir posteriormente que están atacando su gobierno, que se le presenta una serie de impedimentos legales, que no lo están dejando trabajar.
Sin duda obedece más a una estrategia que propiamente a un a un decreto donde pretende realmente hacer algo positivo alguna acción positiva. Porque esta ilegalidad o inconstitucionalidad del decreto es demasiado evidente.
José Francisco Nicolás, diputado del PLN, aseguró:
Este decreto lo único que le muestra a los costarricenses es el afán que tiene este gobierno de crear su propia policía política. Poner en un paralelismo sin fundamento legal, solo por medio de un decreto, a la Unidad Especial de Intervención (UEI) que tiene su cargo Casa Presidencial, a intentar hacer allanamientos o preparatorios de llamamientos sin orden de un juez, es permitir que el totalitarismo haga lo que quiera con los ciudadanos que no quiere y que persigue.
Ese es el camino que buscan los totalitarios, esa es la ruta que buscan los aprendices de dictadores. No es normal en este país democrático que se arroguen derechos o funciones que no están establecidos en la ley. Vamos a estudiar a fondo este decreto, vamos a preparar lo que tenga que prepararse ante las autoridades judiciales para quitar de este decreto todo esto que huele y tiene un tufo a dictador.
Hace rato en este gobierno se chupan los bigotes con tal de comerse como ratones a muy muchos ciudadanos que no opinan y no creen y no piensan igual que ellos. Estos son los síntomas claros del lado totalitarismo, que cada vez va sacando más sus garras y su cabeza.
Esto la única forma como los demócratas lo combatíamos es a través de estrados judiciales. Este decreto tarde o temprano va a ir a parar a estrado judicial cuestionado en su formación porque no concuerda con la ley excelente.
Source
Daniel Córdoba
