La absurda y creada idea de establecer las relaciones humanas en relaciones de poder, bajo los constructos más ortodoxos y desiguales, dejan un campo abierto para engendrar atroces manifestaciones de violencia.
La violencia contra las mujeres es uno de los fenómenos más complejos con sus manifestaciones multidimensionales, con intromisiones desde la violencia simbólica, hasta el femicidio.
Situaciones como la competencia entre las mujeres con su forma de vestir, o por quién tiene más seguidores en redes sociales, así como la reprochable costumbre de “enseñar a piropear” desde edades tempranas, son parte de los patrones sociales aprendidos desde el patriarcado, los cuales, muchas personas han querido naturalizar y omitir, sin pensar que esas acciones son expresiones intrínsecas de violencia que reproducen las sociedades.
Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia (2024), entre el 2019 y el 2022 se registraron un total de 528 denuncias por tentativa de femicidio, ante el Ministerio Público. De estas denuncias, solo 130 personas fueron condenadas. Aunado a esto, en lo que va de enero al 13 de noviembre de 2024, han ocurrido 70 muertes violentas de mujeres, de las cuales, 21 de ellas se encuentran tipificadas como femicidios y otras 41 muertes están pendientes de ser clasificadas.
El femicidio debe considerarse la manifestación más letal de violencia contra las mujeres, pero le antecede un incalculable número de expresiones de violencia constantes y sostenidas durante el tiempo de vida, que reflejan una persistente violación de derechos humanos.
Hablar de violencia contra las mujeres es un gran paso y nos remonta a valorar el arduo trabajo de muchas mujeres en la década de los 70, con los movimientos feministas que trajeron a colación este tema y lo mantienen en la actualidad como un problema social y político, pero, además, hacen que hoy se visibilice dentro de la agenda global de múltiples actores.
La legislación existente, ha evidenciado importantes vacíos en materia de erradicación de las manifestaciones de violencia y, aunque ha habido algunos avances con la reforma realizada, en 2021, a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVcM), es evidente que los escenarios de riesgo hacia las mujeres se mantienen, sin cambios tangibles en la sociedad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ratificados en Costa Rica en el año 2016, condensan en el objetivo número 5, referente a la “Igualdad de género”, es decir, que existe un compromiso del Estado costarricense para establecer estrategias multisectoriales, en aras de erradicar las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, pero se debe mucho todavía, ante las pérdidas irrevocables de la vida de las mujeres, la devastación a sus familias y frente a una sociedad con necesidad de justicia y equidad.
Coordinadora Unidad de Educación Permanente, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
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